Medidas provisionales y control de constitucionalidad

El objeto de esta investigación es el caso ADIn 4.209, juzgado en marzo de 2012 por el Tribunal Supremo Federal. En esa ocasión, la Corte - en menos de 24 horas - cambió su propia decisión, que consideraba inconstitucional la medida cautelar que había creado el Instituto Chico Mendes de Biodiversidad y Conservación o ICMBio. Al parecer, el Tribunal Supremo no se dio cuenta de que cientos de otras Medidas Provisionales adolecían del mismo defecto: no habían sido examinadas previamente por una Comisión Mixta de Diputados y Senadores, como exige la Constitución (artículo 62, §9). Esto significaba que, en teoría, toda esta legislación, que incluso creaba importantes programas gubernamentales, podía ser impugnada. Ante la intensa reacción en el Congreso y en otros ámbitos de la esfera pública, el Tribunal Supremo dio marcha atrás. De forma técnicamente controvertida y recurriendo a una interpretación llamada "consecuencialista", el Tribunal modificó el entendimiento que había establecido el día anterior.