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Beskrivelse
Que le lleva al legislador a incorporar al Codigo Penal la pena de prision permanente revisable? Que le lleva a castigar con cuatro anos de prision el hecho de abandonarel lugar de un accidente, existiendo ya el delito de omision del deber de socorro? Que le lleva a convertir en delito las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes? La respuesta nos la ofrece el propio legislador. En su opinion, la sociedad lo demanda. Sin embargo, esa demanda social no ha sido probada, y se sorprenderia el legislador al saber que la ciudadania - bien informada - no es tan punitivista como pudiera pensarse. Ademas,incluso aunque existiera tal demanda social, este no es un argumento valido para legitimar una determina politica. Acaso entenderiamos como legitima en un Estado democratico y de Derecho una decision adoptada por la mayoriaque decidiera restringir derechos de los demas? Es evidente que no. La demanda social es un argumento insostenible para justificar una politica criminal. Por eso esta obra pretende erigirse en critica constructiva al legislador penal, que no puede continuar amparandose en dicho argumento para intensificar, cada vez mas, la intervencion del Derecho penal. Es el momento de que el legislador, en linea con lo que exige la normativa de la UE, abandone el populismo punitivo y elabore politicas basadas en la evidencia. Solo asi se podra valorar la eficacia de una politica y solo asi se podra exigir una rendicion de cuentas. En ultimo termino, esta obra defiende que la evidencia empirica no puede ser el unico argumento para llevar a cabo una politica criminal. No seria aceptable, por ejemplo, la asignacion de una pena de prision perpetua para el delito de robo, por mucho que eso hiciera descender el numero de esos delitos. El Derecho penal es, y debe seguir siendo, la ultima ratio del Estado. Existen otros mecanismos previos al Derecho penal, menos lesivos con los derechos de los ciudadanos, a los que se puede recurrir. Ademas, todapolitica criminal encuentrasiempre un limite infranqueable en los principios legitimadores del Derecho penal, hoy con reconocimiento constitucional, que tienen como trasfondo ultimo la dignidad del ser humano. Luego por muy eficaz que pudiera ser una politica criminal, no podra implementarse si la misma vulnera principios como el de legalidad o el de proporcionalidad, o garantias como la presuncion de inocencia.